Ante el gran revuelo mundial que ha supuesto la filtración de papeles del Departamento de Estado por parte de Wikileaks, Estados Unidos ha iniciado una revaluación de las normas de seguridad con las que operan todos los organismos implicados en el manejo de secretos oficiales con el fin de detectar los errores que permitieron la filtración y adaptar los sistemas de vigilancia para que esto no vuelva a ocurrir.
Para lograr este objetivo, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB en inglés), Jacob Lew, dispensó a los jefes de todos los departamentos y agencias del Gobiernos con acceso a documentos clasificados un largo cuestionario con el que se pretende identificar las fugas que puedan existir en el proceso.
De esta forma, el cuestionario creado por los principales centros de contraespionaje norteamericanos, buscará detectar la posibilidad de que algunos funcionarios descontentos estén filtrando información reservada. Además, el cuestionario hará saber a la OMB si los distintos departamentos cuentan con psicólogos y profesionales especializados para evaluar el grado de satisfacción de los empleados, así como su nivel de compromiso en su trabajo. Otros aspectos como las aficiones de los funcionarios, páginas Web que visitan y los viajes al extranjero que realizan también estarán reflejados en el citado cuestionario.
El Gobierno estadounidense ha fijado de plazo hasta el 28 de enero para responder a las preguntas. Posteriormente, se efectuarán las correcciones necesarias para subsanar los fallos descubiertos en esta revaluación, fortaleciendo los sistemas de seguridad y contrainteligencia para garantizar la protección de la información clasificada sobre seguridad nacional.
Otro de los aspectos en los que Estados Unidos está centrando todo su esfuerzo es en la protección de personas cuya identidad ha sido revelada y por tanto puesta en peligro por Wikileaks. Ante el peligro inminente, Estados Unidos ha reubicado a algunas de estas personas en zonas seguras. El portavoz del Departamento de Estado, P.J. Crowley, dijo que aquellos en riesgo podrían incluir a activistas de la sociedad civil, periodistas o funcionarios de gobierno cuyas discusiones con funcionarios estadounidenses podría enfadar a gobiernos extranjeros u otras fuerzas políticas.
A pesar de todo, la preocupación del gobierno de Estados Unidos no se concentra tanto en el material ya divulgado, sino más bien en el 99 % de los 251.287 cables en poder de Wikileaks pero que todavía no han salido a la luz.
Fuentes:
http://www.elpais.com/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.lavanguardia.es/
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